¿A qué espera el PP?

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OPINIÓN

Carlos G. Rivero Quintana (*)

Tras haber escenificado un primer intento de constituir un gobierno, y a pocas semanas de acabar el plazo para la conformación del mismo, parece que el único partido con opciones para conformarlo, el PP, está o parece estar viéndolas venir, en algo que es todo un clásico en las estrategias de las diferentes formaciones políticas, la de tensar al máximo una situación y sondear los diferentes estudios externos e internos que desde la conveniencia partidista hacen que la ciudadanía nos veamos abocados a sufrir unas terceras elecciones.

No se puede obviar que el PP hasalido muy favorecido por la fractura interna del principal partido de la oposición (PSOE). Esta circunstancia favorece sus intereses y abre una posible opción de gobierno, sin descartar las más variopintas opiniones y posibilidades inconcebibles antes de dichos problemas del PSOE. Resulta complicado entender la contemporización en la toma de negociaciones, que no de diálogo, para sondear opciones que den cabida a un nuevo gobierno que evite terceras elecciones.

Parece evidente que, para más de ocho millones de conciudadanos de nuestro país, no es un elemento esencial los diversos casos abiertos (y en sede judicial) entorno a presuntos delitos relacionados con la corrupción, para otorgarle su confianza. Cuestión esta incomprensible en otras democracias más arraigadas, y que llevan aparejadas un castigo electoral.

Si bien el PSOE es la llave, justificar una hipotética abstención en el próximo Comité Federal, ya sea en bloque ó por abstención técnica (11 abstenciones), entre dos formaciones políticas históricamente enfrentadas que lleve al PP a gobernar, deberá de ser transmitido con argumentos de gran calado a sus militantes y sobretodo a su electorado. Esto se hace particularmente difícil cuando en campaña negaron hasta la saciedad que no se iba a producir en las anteriores elecciones: el "No a Mariano Rajoy" y a sus políticas, alardeando además de formar parte de las llamadas "fuerzas del cambio".

No pinta bien un acuerdo estable de gobernabilidad para los próximos años. Con su actitud partidista prolongan esa sensación de incapacidad, que algunos tenemos, de que la política en nuestro país se parece más a un juego especulativo y a ver quien aguanta más, y menos a generar debates y consensos para dar soluciones a una situación de crisis política, pero sobretodo social y económica que se está dilatando demasiado en el tiempo.

Las mayorías absolutas han concluido, y entre antes los partidos tradicionales lo acepten, antes entenderán que las imposiciones unilaterales en temas esenciales para la ciudadanía sin llegar a consensos, están abocadas al vacío.

Habrá que esperar, para ver cuánto tardan en asimilar el mensaje de la ciudadanía expresado en las urnas. 

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Mejoras laborales en lo público o cantos de sirena

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OPINIÓN
Carlos G. Rivero Quintana (*)

Grata y esperanzadora es leer noticias que, de consumarse, recogen el cumplimiento de compromisos electorales planteados con la ciudadanía, y en particular con sus votantes, de formaciones políticas que tras entrar a gobernar en las administraciones públicas, no les entra la conveniente amnesia ó los argumentos pueriles para incumplir los contratos que se establecen con la ciudadanía (los programas electorales).

La noticia a la que me refiero, fue anunciada a principios del mes de julio por el Sr. Jacinto Ortega (Concejal de Cohesión Social y Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria) del partido político abierto Las Palmas de Gran Canaria Puede (en la cual confluían, en la misma plancha electoral, diferentes formaciones políticas), donde se establecía la condición, entre otras consideraciones relevantes, que en la adjudicación de los concursos públicos municipales deberán cumplirse criterios sociales, redundando en la idea en que se mejorará así la eficacia de los dispositivos gubernamentales para el empleo y las políticas sociales.

La noticia no deja de ser alentadora, de forma muy especial en los tiempos que corren, donde implementar medidas que permitan el cumplimiento riguroso de los pliegos de condiciones en dichas contrataciones públicas, como mejorar la calidad del empleo en el sector público, es algo que las clases trabajadoras esperan cuando existe una precarización del trabajo por parte del gobierno de la nación con sus políticas laborales y por una parte del sector empresarial que ha visto como esta crisis le ha permitido rebajar cargas laborales (despidos, modificaciones en los convenios, etc), y empeorar las condiciones de los trabajadores gracias a la necesidad de trabajo existente.

La percepción de la ciudadanía (avalada por sentencias judiciales), suscribe la idea de que hay trato de favor para determinadas empresas/empresarios, afines al gobierno en diversas administraciones públicas, a la hora de la adjudicación de contratos públicos. La simple idea es deleznable y debe ser combatida con todas las herramientas del estado de derecho, si es menester realizando incluso los cambios normativos que sean necesarios para castigar con mayor contundencia que la actual legislación establece, en aras que estas tramas ilícitas sean erradicadas y no supongan, en tantas y tantas ocasiones, un descalabro en las arcas públicas, y por extensión, al bolsillo de la ciudadanía.

Tímidos y tibios han sido los movimientos en la mejora de las condiciones de trabajo sobre este tema en algunas administraciones canarias, y así por ejemplo: en mayo de 2016 el Gobierno de Canarias anunciaba la elaboración de las cláusulas sociales (incorporando mejoras laborales, ambientales y sociales en sus códigos deontológicos) que exigirá respetar a las empresas que contraten con la administración pública autonómica. 

Aún está por ver si las medidas anunciadas por unos y otros, y ese cambio de tendencia en el ámbito de la contratación pública, con la debida vigilancia del cumplimiento de las mismas, es una realidad o un simple titular en los medios de comunicación.  

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Política o políticos: That´s the Question

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OPINIÓN 
Carlos Gustavo R. Quintana (*)

Toda organización humana parte, en mayor o en menor medida, del modelo jerárquico basado en estructuras piramidales que establecen los niveles de la sociedad, donde cada individuo tiene fijado un determinado rol. 

En las sociedades occidentales actuales, nuestros dignatarios son los políticos, y estos son enfocados y analizados con gran detalle en cuanto a las formas, el aspecto y las expresiones. Especial interés reciben los líderes que encabezan los diferentes proyectos, en los que a posteriori, otorgamos nuestra confianza para representarnos en las instituciones y/o administraciones públicas.

En las sociedades con mayor cultura política y/o tradición democrática, la permanencia de los líderes políticos en las instituciones públicas no es requisito indispensable, y observamos como los mismos son sustituidos por otros iguales o mejores formados, con un estilo y comportamiento impecable, que le son marcadas por una sociedad exigente que no tolera actitudes ilícitas y fuera de criterios éticos y/o morales intachables. 

Quedarse con el titular y no profundizar en propuestas políticas llevan a un sedentarismo ideológico/político, que genera la tan poco deseable inercia de votar más al líder que a las políticas a aplicar, en demasiadas ocasiones. No obstante, cuando el líder una formación política se erige en la única opción posible, la opción de la renovación o del cambio de políticas en el fondo o en la forma, pueden llevar al declive de dicha opción si la gestión no se conduce por unas formas y unos contenidos coherentes con los que se han llevado cabo en las instituciones públicas.

En nuestro país, con una de las generaciones mejor formadas de nuestra historia, vemos como se siguen repitiendo las mismas caras en demasiadas ocasiones, y persisten en perpetuarse en las instituciones desde el geocentrismo propio de hacer de la actividad política más una forma de vida que una vocación de servicio público. Casos de políticos con largos recorridos de dos e incluso tres décadas, no son inusuales en nuestro país.

Cuando se impone, por cualquier motivo, la sin razón, el clientelismo interno y/o las luchas internas en las formaciones políticas, el ansia de poder y el protagonismo para destruir los avances que beneficien al interés general por intereses distintos a estos, se deja de lado a la ciudadanía que opta por la opción que considera válida, para retornar a las consabidas políticas de izquierda y derecha. 

Alcanzar grandes pactos de estado, lo que denomino políticas transversales, y avanzar en consolidar el estado del bienestar que tanto sacrificio y lucha costó a nuestros predecesores, consolida e instaura una desafección por la política que sufre gran parte de la ciudadanía, tan necesaria en los tiempos que corren, para diluirse de manera cíclica en estereotipos de lo que se ha venido a llamar la vieja política. 

Alcanzar el poder por el poder para deshacer lo andado por el simple hecho de no ser del gusto del que gobierna, lleva a un enfrentamiento estéril, a distracciones y normativas que nada tienen que ver con las necesidades de la mayoría de la ciudadanía de a pie, y a aseverar la percepción ciudadana de que la política es un instrumento mal utilizado para beneficiar a minorías (a determinadas elites socio-económicas). 

Los tiempos son cardinales en política, como lo son el qué acordar sobre opciones distintas y sobre los puntos esenciales que han de converger para llegar a acuerdos estables de gobernabilidad, ya que alcanzar dichos acuerdos a cualquier precio solo desnaturalizan las políticas de aquellos que con ansiedad quieren gobernar por cualquier medio (el contrato político/vinculante ó  programa electoral, no deben ser papel mojado). 

Las prácticas, ya habituales, en la política española de lanzar mensajes en campaña electoral con propuestas que luego se incumplen sistemáticamente, genera a posteriori un menoscabo de la credibilidad necesaria para alcanzar acuerdos de gobierno. Más aún cuando la postura es de debilidad y necesitas de terceros para conseguir formar gobierno. 

¿Puede ser que determinados lideres aferrados a los personalismos/actitudes propias de etapas anteriores, o aquellos que se creen imprescindibles se estén convirtiendo en un obstáculo para el avance ideológico y/o de ideas para dar soluciones a los problemas de la ciudadanía?. ¿Habrá que esperar a otra nueva generación para que las ideologías lineales de unos y otros partidos cambien, y tengamos una sociedad más equilibrada y justa en: el plano social y con un bienestar económico que permita desarrollar una planificación de vida digna?

En la actual coyuntura, me niego a resignarme a que las futuras generaciones tengan que enderezar el entuerto y los desequilibrios que cada vez más, a mí pesar, veo que nos rodean desde ya hace un tiempo hasta nuestros días, y cuyo horizonte no alcanzo a vislumbrar en el futuro, con políticos y políticas cíclicas, que se desmontan cada vez que cambia la ideología que alcanza el poder. 

Es el momento de políticas transversales, de consenso, de agrupar y no de dividir, de respetar la decisión de la ciudadanía que ha marcado una senda muy clara, que no es otra que la de la negociación forzosa por no apoyar a nadie con la mayoría absoluta. ¿Habrán entendido el mensaje los partidos tradicionales, y los nuevos, o habrá que recurrir nuevamente a las urnas para vergüenza de aquellos políticos que no dan la talla?.

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El Brexit, un enfoque diferente

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OPINIÓN
Carlos G. Rivero Quintana (*)

El jueves 23 de junio de 2016 quedará marcado como un hecho histórico en la Unión Europea (UE), fecha en la que se decidió la salida de uno de sus miembros por voluntad propia (Gran Bretaña), hecho este sin precedentes (aunque recogido en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, también conocido como Tratado de Lisboa). Había tres ejes o cuestiones esenciales por las cuales los británicos decidieron el sentido de su voto: Seguridad, Inmigración y Economía. Esta salida podría cambiar la situación política/territorial del Reino Unido tal cual lo conocemos (con la posible independencia de: Irlanda del Norte y/o Escocia).

La decisión legitima, a la par que democrática, de expresarse en un referéndum, legalmente convocado, y la voluntad de la mayoría de la ciudadanía no tiene más que ser respectada por aquellos que defendemos la democracia, nos guste o no su resultado. Un resultado que no es bueno, ni para nuestros aún conciudadanos británicos (en donde la mayoría de los jóvenes querían quedarse en la UE, al contrario que sus mayores) ni para el resto de los europeos, y que establece un futuro incierto en el que no hay beneficio mutuo, y en el que las nuevas relaciones que nos vinculen no pueden ser nunca más beneficiosas para los británicos que para el resto de ciudadanos de la UE. Ya avisaron los partidarios del Brexit que no secundarían ninguno de los modelos de acuerdos que la UE tienen con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, siglas en inglés), Suiza o Turquía. Otras opciones pasan por comerciar dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), o con un nuevo acuerdo de libre comercio (FTA, siglas en inglés) entre la UE y Gran Bretaña, en el que la UE tiene una posición de más peso. De un modo u otro las negociaciones bilaterales UE-Gran Bretaña serán duras y largas.

Tras el impacto inesperado para la UE y los mercados de todo el mundo, es necesario acometer un análisis sosegado sobre lo acontecido, y del por qué de la salida de un estado miembro (la segunda economía de la UE). La percepción de una sociedad siempre pivota sobre sus intereses, pero también sobre sus miedos que permite el crecimiento de los antieuropeístas, en muchos casos. La respuesta para contrarrestar a los antieuropeístas en diferentes países de Europa (Austria, Francia o Holanda, entre otros) pasará por demostrar que salirse de la UE va a perjudicar a aquel que tome dicha decisión, y será contundente desde la UE.

La Europa de las dos velocidades (los países del Norte y los del Sur) y de la desigualdad, tiene que diluirse en este punto de inflexión que ha generado el Brexit. La alternativa a las actuales políticas, alejada de la ciudadanía y sujeta en demasía a los mercados pueden llevar a la defunción de la UE. La baraja está echada y la elección para la supervivencia está en contar la reacción en cadena que los euroescépticos o antieuropeístas, apoyándose en el Brexit, desean y que deben ser subsanados lo antes posible. No podemos persistir en la decadencia de un modelo de Europa, que genera desafección entre sus ciudadanos, cuando omite algunos de sus valores esenciales a costa por ejemplo de su seguridad, y clara muestra de esto es la crisis de los refugiados sirios y otras nacionalidades, con un drama humanitario que toca en nuestras puertas y cuya reacción ha sido la de contener, alejar y expulsar a aquellos que, en su mayoría, huyen del terror de la guerra y la miseria (esta actitud avergüenza a gran parte de la ciudadanía de la UE).

Incentivar y potenciar la sensación de pertenencia, y de participación activa y cercanía a las instituciones europeas, contrarrestaría la idea de aquellos que consideran la UE (y sus instituciones) algo alejado y exento de interés y que apenas les afecta en su devenir diario (por el desconocimiento de las directivas y funcionamiento de las mismas instituciones). 

Articular fórmulas efectivas que hagan llegar a la ciudadanía la necesidad de la misma, su importancia, y terminar de perfilar una unión más efectiva, y sin complejos, con generosidad de los estados en aquellas materias que entrañan demasiadas sensibilidades y recelos para la soberanía de los mismos (avanzando más en: economía, potenciación de políticas sociales comunes, fiscal-financiera (en particular la unión bancaria, fondo de garantía de depósitos europeos, etcétera), hará construir un proyecto de futuro que evite y de sentido a aquellos que creemos en la importancia de una Europa fuerte, en un mundo globalizado, donde las fronteras, en demasiados casos, son líneas marcadas en un papel, y donde la libertad y los avances tecnológicos, nos sitúan como ciudadanos de un mundo globalizado.

 Legado acorde a una Europa próspera, solidaria y que defienda los valores que dieron origen al proyecto común, superando diferencias para hacer una UE que pertenezca, y donde prevalezca, la voluntad de sus ciudadanos y defienda los intereses generales de los mismos sobre cualesquiera otros intereses (nacionales y/o económicos, o de cualquier otra índole).

En definitiva, hacer política con mayúsculas, sin miedos ni complejos, corrigiendo los errores para ilusionar tanto al resto de los conciudadanos de los países que integran la UE, como a los futuros conciudadanos que se nos quieran unir, en una Europa fuerte, solidaria, con principios e instituciones que nos representen y de la que podamos sentirnos orgullosos y que podamos percibir como propias, en un proyecto común dentro de un mundo cada vez más globalizado.

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El -Zarpasso- ¿Gobierno insostenible?

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OPINIÓN 
Carlos G. Rivero Quintana(*)

Ni encuestas ni ruido mediático, quien decide en democracia es el pueblo el día de las elecciones, que desde la libertad y su responsabilidad decide quién gobernará para decidir las políticas del futuro. Los resultados electorales que los españoles hemos decidido obligan a que unos y otros tengan que dialogar hasta llegar al entendimiento para poder formar gobierno. 

Sin embargo, la cuestión que subyace ahora es quién será el que más va a ceder, y mucho, para poder echará andar una legislatura en el que el rodillo ya no se pueda volver a aplicar (antaño algo habitual cuando el bipartidismo imperaba en el gobierno de la nación).

Ha habido un claro ganador y único beneficiario: el PP, que obtiene 14 escaños más (hasta 137) respecto a las pasadas elecciones. Recupera votantes moderados, y parte de su electorado que se quedara en su casa en las pasadas elecciones, con una estrategia de campaña que le ha dado excelentes resultados, y uno de cuyos principales ejes pivotaba sobre el "miedo" a la extrema izquierda que representan Unidos Podemos. No obstante, el PP de Rajoy es la novia fea que nadie quiere y obtener la presidencia con la connivencia de la abstención de los nacionalistas y/o del PSOE, es una utopía que ni en el mejor de los sueños el PP podría esperar.

El PSOE pierde 5 escaños (hasta 85) respecto a las pasadas elecciones, y deja a las claras que a parte de su electorado el pacto con C´s no le ha gustado y que deben orientarse hacia la izquierda para conformar gobierno. El PSOE, y en particular su candidato, necesita retomar unas negociaciones en que se manifieste su liderazgo y consiga las importantes concesiones de un hipotético gobierno con Unidos Podemos, para calmar las aguas internas del propio PSOE y que no terminen por arrastrar a su candidato y progresivamente a diluir a un PSOE muy debilitado en elecciones pasadas. La opción de abstención para dejar gobernar al PP es muy remota, aunque no imposible.

Sobre Podemos, que se queda tal cual estaba (71 escaños), partido que atrae simpatías en los ambientes nacionalistas y que ya de por sí sus confluencias tienden a captar votos entre ese nicho de votantes, tendrá que redirigir una estrategia que en ningún caso estimule las ansias o las excusas de determinados barones del PSOE (en particular el "derecho a decidir", y en el que el PSOE no va a transigir debido a las connotaciones internas que esta le supondría) para no cerrar el pacto de izquierdas que tanto anhelan. Complicado lo tienen, y su lenguaje, formas y fondo, deberá ser medido y calibrado para llegar a dar soluciones a sus votantes, que ansían un cambio profundo y que piensen en ellos. Las expectativas que han marcado son muy altas, al igual que el batacazo que se pueden dar si su proyecto se desnaturaliza demasiado.

Ciudadanos (C´s), que se define como partido de Centro, pierde 8 escaños (hasta 32) respecto a las pasadas elecciones. Su acercamiento al PSOE para conformar gobierno en la pasada legislatura le ha costado muy caro, y en un primer análisis (muy superficial), el votante moderado del PP le ha dado la espalda para retornar al PP. De un modo u otro, C´s se sitúa en un espectro imposible, la de apoyar la idea de la Gran Coalición, incluyéndolos a ellos, e incompatibles con Unidos Podemos para conformar gobierno.

A todo esto el tiempo pasa y los problemas de la ciudadanía persisten, y sin consenso y concesiones de unos y otros con posibilidades de gobernar, harán eternas las próximas negociaciones. La políticas, en lugar de centrarse en gestionar miedos, tienen que estar orientadas a dar soluciones eficientes, con altura de miras y despejando las incertidumbres que llevan a esos miedos, y que pueden caer en actuaciones o medidas irracionales centradas a corto plazo, cuando lo que se tiene que explorar es la búsqueda de soluciones que sienten las bases de un futuro tranquilizador y que marque un horizonte de esperanza también para las futuras generaciones, haciendo gala de valentía, veracidad, objetividad, y de sentido común.

Ante lo ocurrido en la anterior y breve legislatura, solo habrá gobierno, con el permiso de los nacionalistas, si unos y otros superan las consabidas líneas rojas. Es de esperar que pongan en común las ideas convergentes, a hablar de los problemas de la gente y de darles soluciones desde la defensa, sin complejos, del interés general y con generosidad, para poder afrontar con garantías la importante agenda reformista que queda por delante en los próximos años. Para ello es necesario prescindir de los personalismos y los egocentrismos de los partidos (y de sus líderes)que tienen posibilidades de conformar gobierno, aparcando los intereses partidistas y/o identitarios obligatoriamente.

Decía Charles-Maurice Talleyrand Périgord (1754-1838) religioso, político y estadista francés, conocido como Talleyrand: "Lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible". Esta icónica frase refleja el actual escenario del panorama político de nuestro país. ¿Podrán revertirse las diferencias entre unos y otros en defensa del interés general de la ciudadanía?. ¿Habrá nuevo gobierno o será necesario un tercer proceso electoral?. Solo el tiempo lo dirá.

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Los nuevos co-gobernantes del país

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Carlos G. Rivero Quintana (*)

No deja de ser una constante durante las campañas electorales, la sempiterna estrategia de las diferentes formaciones políticas de marcar las diferencias existentes entre ellos, algo que es de sentido común, para una vez transcurridas las elecciones cambiar de escenario y con “la excusa” de las negociaciones para conformar gobierno, sino se tiene mayoría (momento del ya consabido rodillo), optar por dejar de lado algunas de sus principales propuestas (las que ahora se denominan "líneas rojas"). 

Estas líneas rojas, son en esos momentos un acicate que permite justificar posiciones que se diluirán como un azucarillo a la hora de comenzar la legislatura, con las más variopintas excusas y argumentos casi pueriles, en no pocos casos. 

Cuando a los partidos tradicionales ya no les sirve el consabido discurso del bipartidismo, optan por entrar en debates estériles como el "y tú más", intentando desviar la atención en asuntos baladíes, y en la estrategia de poner en marcha el ventilador para que la porquería se extienda de forma que todos queden salpicados, en una estrategia baldía que solo persigue manchar el buen nombre de aquellos que no han tocado poder en el gobierno central. Y es que, a estas alturas, la dupla PSOE-PP tienen un largo expediente de promesas electorales incumplidas a lo largo de su estancia en la alternancia del poder en nuestro país.

Si hablamos de debates electorales, nos encontramos en una encrucijada entre los que su pasado habla de ellos por sí mismo, PP-PSOE, y aquellos que se exponen a todos aquellos formatos que les permiten llegar a ese nicho de votantes indecisos que pueden desequilibrar una campaña electoral. Afortunadamente los nuevos partidos, Unidos Podemos-Ciudadanos, optan por una cultura democrática más "a la europea" en la que no tienen problema en enfrentarse dónde y cuándo sea necesario. 

Habrá que esperar a la conformación de gobierno en la próxima legislatura, para ver de cuánto hay de verdad, en lo referente a su nivel de cumplimiento con sus respectivos compromisos electorales, en las acciones que lleven a cabo los nuevos partidos sin desnaturalizarse y ratificarse si son realmente adalides de una nueva forma, y fondo, de hacer política en nuestro país, dando soluciones a los problemas de la ciudadanía de a pie con el mayor consenso posible, y en defensa del interés general. ¿Será esto posible o hablamos de una utopía?.

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¡Elecciones, elecciones...!¿Cuánto más?

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Carlos G. Rivero Quintana (*)

Cuando entramos en la recta final para las próximas elecciones, y tras medio año de un gobierno en funciones que ya hace tiempo que ha dejado de reflejar la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, el pueblo se ve avocado a volver a decidir quiénes serán nuestros representantes para desempeñar la trascendental tarea de gobernar un país cuyos retos no son nada baladíes (creación de empleo, lucha contra la pobreza, regeneración de las instituciones públicas, mayor transparencia de lo público, lucha implacable contra cualquier forma de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera…).

Las pasadas elecciones generales del 20-D nos costaron, según datos facilitados por el Ministerio del Interior, 130.244.505,08 euros, divididos en: Administraciones Públicas unos 55,1 millones, Correos unos 48 millones (voto a distancia y envíos de los partidos), Telecomunicaciones 12,8 millones (escrutinio y la difusión de los datos), Logística de 12,5 millones (papeletas, locales, campañas de difusión), y más de 1,5 millones consignados a Imprevistos. A esto hay que sumarle los más de 30 millones que reciben los partidos por los resultados de las pasadas elecciones generales en concepto de subvenciones (por cada diputado o senador obtenido con 21.167 euros y abonó 81 céntimos por cada voto para al Congreso y 0,32 euros por los computados para el Senado), con lo que superamos los 160 millones de euros. 

Repetir las elecciones son una doble bofetada a la ciudadanía, tanto en lo económico como en su significación en lo que supone la pérdida de confianza en aquellos que elegimos para representarnos en las Cortes Generales. Dejan de manifiesto la inflexibilidad ideológica, y sobretodo de ideas, para dar soluciones a una ciudadanía, o al menos a una mayoría, que espera que se produzca una mejora en sus condiciones de vida, y un cambio significativo para un futuro que se intuye incierto. 

Cambio, esa palabra en boca de todas las formaciones políticas para escenificar la diferencia y desmarcarse de sus contrincantes políticos, y de forma más incisiva en aquellos que sitúan su nicho de votos en un mismo perfil de votante. Claramente nos encontramos ante una segunda vuelta, y los programas, por consiguiente, son idénticos. Pero más allá de las escenificaciones que unos y otros transmiten, no dejan de ser reflejo de esa eterna idea que el bipartidismo (PP-PSOE) nos ha implantado, de que se es de izquierdas o de derechas (lo que conlleva de por sí políticas que no se pueden permitir dejar paso a ideas que no encajen en sus ideologías).

La gran duda está en sí unos y otros serán capaces de llegar a acuerdos que se fundamenten en ideas que den soluciones a los problemas comunes de la ciudadanía de a pie, o bien,y como ya viene siendo costumbre, se centrarán en seguir con políticas que prevalecen intereses alejados de la defensa de lo común (interés general), y que se priorice el dialogo ante la imposición, el respeto a lo diverso, y la suma sobre el trabajo recíproco. Habrá que esperar a ver en qué están dispuestos los actores políticos a ceder para alcanzar un gobierno que actúe con todos los sentidos puestos en realizar acciones que resulten en la obtención de políticas de convergencia, por encima de sus propios intereses y que se alejen de las políticas clásicas de aquellos (partidos tradicionales) que nos han llevado hasta la situación actual.   

A estas alturas, el desánimo ha calado en una gran parte del electorado (el esencial votante indeciso), lo que supondría un beneficio para los partidos tradicionales. No obstante, aunque incapaces de llegar a acuerdos por parte de las diferentes formaciones políticas, es de recibo que tengamos que cumplir con el derecho al voto que en democracia nos da el poder para designar a unos o a otros, y poder conformar un gobierno. 

Un gobierno que represente un cambio real tanto en las formas como en el fondo (con propuestas serias, y no electoralistas que restan credibilidad a la acción política, intentando captar con subterfugios a un electorado, que está cansado de que se le falte al respeto poniendo en duda su inteligencia), y que produzcan las transformaciones socio-económicas y políticas necesarias, con generosidad y altura de miras por parte de todos aquellos que dicen defender lo que se ha venido a llamar “cambio real”, y que por fin nos enorgullezcan como ciudadanía de un país que debería avanzar con paso firme hacia un futuro mejor y de esperanza, que nos devuelva la confianza y el crédito necesario en la importante labor de gestionar lo público (la política), haciendo gala de unos valores éticos y morales acordes a las democracias más avanzadas del mundo.

Decía Zhou Enlai (1898-1976), político chino: "No exigimos a los demás que abandonen sus opiniones, puesto que reflejan las diferencias. Pero eso no tiene por qué convertirse en un obstáculo para el logro de un consenso en los principales temas. Tenemos que conocernos y respetar las diferentes opiniones partiendo del terreno común". ¿Sería esto posible en el actual escenario de formaciones políticas en nuestro país?, solo el tiempo lo dirá.

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De estrategias y estrategas electorales

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OPINIÓN
Carlos G. Rivero Quintana (*)

A falta de escasos días para la confirmación del fracaso estrepitoso de la actividad política en nuestro país, de la ausencia de dialogo y convergencia ante la deseada respuesta de cambio, expresada por la ciudadanía en forma de retirada de los apoyos que perpetuaban a la alternancia en el poder del PSOE y el PP, y con la aparición de dos nuevos formaciones políticas emergentes (C´s y Podemos) que están en las antípodas ideológicas, se consolida la idea de que lo que no puede ser, no lo es y además es imposible.

Los partidos tradicionales (PP y PSOE), se encasillan en el tablero del juego político desde posiciones que les han funcionado en el pasado, mientras las dos nuevas formaciones en el arco parlamentario expresan su antipatía mutua y marcan desde el comienzo posturas invariables que hacen incompatible su convergencia en los temas de gran calado que marcan sus programas (por ejemplo: legislación laboral y programa económico). La idea es simple, "yo quiero, pero el otro no me deja". 

La postura del PP, con Sr. Rajoy a la cabeza, pivota sobre una opción manejada en otros países europeos, y proponen "la Gran Coalición", a sabiendas que la misma solo busca la supervivencia política en el poder, además de que los posicionamientos programáticos de ambos partidos distan mucho en diferentes materias, y sería de difícil comprensión para sus respectivos votantes. Si a todo esto le sumamos que ha utilizado su mayoría absoluta para pasar "el rodillo" con sus políticas (práctica que también utilizara en el pasado el PSOE), hacen que  esta fórmula de gobierno se torne en una quimera inviable. 

El PP, es a día de hoy como ese/a novio/a que nadie quiere, y de no obtener la mayoría absoluta será inviable que vuelva a gobernar, cuando hay protagonistas dentro de su formación que hacen imposible que otras formaciones puedan pactar, a tenor de los casos de corrupción que le salpica y la pérdida de confianza por su gestión durante la crisis que le ha pasado factura en las urnas, y que le han hecho perder un tercio de sus votantes. Cuando se quiere gobernar hay que ser valiente y dar un paso al frente como el partido más votado, y no quedarse en el limbo actuando como si se tratase del refrán del perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Su capacidad de autocrítica es, en demasiadas ocasiones, extremadamente limitada.

La postura del PSOE, con el Sr. Sánchez a la cabeza, pivota sobre varias premisas: la de ser una formación "del cambio"; llaman al consenso y al interés general de España, como hacen todos, y a ser la única opción que permita desbancar al PP de nuestro actual Presidente del Gobierno en funciones, por diversas razones (destrucción del estado del bienestar, y "corrupción", aunque el PSOE ha tenido lo suyo en esto último); a focalizar la atención sobre Podemos y a converger con C´s en una propuesta de gobierno que se aleja en demasía de cuestiones centrales de su programa electoral (como son: la legislación laboral y programa económico, y en los que son más cercanas a Podemos, al menos en lo programático); la de hacer de "puente" entre Podemos y C´s, abogando por sumar desde lo que les une (regeneración democrática, transparencia, etcétera, etcétera, etcétera), a sabiendas que un programa de gobierno no se fundamenta en lo que la ciudadanía te demanda y todos llevan en sus programas, sino en lo que se diferencian, que hace imposible, por unos y otros, que lleguen a un acuerdo viable para todos los involucrados. 

El PSOE tiene un profunda aprensión a lo que Podemos pueda llegar a ser, y con el mismo nicho de votantes le produce desasosiego que ocupen su lugar como referente de la izquierda y les sustituya, en unas instituciones públicas en las que muchos cargos públicos, como en el PP, se han acomodado y que no en pocas ocasiones vemos las mismas caras durante décadas en las instituciones y/o entes de diferente naturaleza jurídica (fundaciones, observatorios, empresas públicas, etcétera, etcétera, etcétera).

Con respecto a las formaciones "emergentes" en el panorama político nacional, lo idóneo sería que en ningún caso se les note el tácticismo electoral en base a encuestas electorales, que dicho sea de paso es propio de la vieja política y de los partidos tradicionales. Sobre Podemos, su excesiva escenificación en lo concernientes a temas como el "derecho a decidir", propia de sus confluencias, y que permite al PSOE establecer una coartada de cara a sus electores, para no pactar. 

Respecto a C´s, su definición de Centro, o más bien de Centro Derecha si nos fijamos en sus propuestas en el ámbito laboral y económico, en el que se postulan como comodín tanto para el PP o el PSOE, siempre que estos tomen medidas de transparencia y regeneración democrática en las instituciones y a nivel interno. Si hay que reconocerles, a ambos, que en este periodo de "negociaciones" para intentar conformar gobierno hayan sido claros, y no se hayan dejado vapulear, por el PSOE o el PP, y sus argumentos utópicos, llegando a ser casi pueriles, en algunos casos.

Es necesario converger y sumar en política, pero desde unos criterios y unos compromisos adquiridos con la ciudadanía en los programas electorales, que no terminen siendo papel mojado, algo a los que nos tienen ya acostumbrados los partidos tradicionales. No se puede premiar a aquellos que desnaturalizan la esencia de aquellas medidas que les han llevado a las instituciones, en aras de alcanzar el poder y defraudar la confianza de la ciudadanía. En la nueva política, no vale todo. 

La mayoría de formaciones políticas, olvidan en demasiadas ocasiones que uno de los axiomas de la actividad política, es que esta no es una profesión, sino una vocación de servicio público, que debe tener un tiempo limitado de vida, cuya única finalidad es la de dejar un legado mejor de lo que se han encontrado. No pierdo la esperanza de que las futuras generaciones que nos gobiernen no reincidan en los errores de sus antecesores, y que tengamos partidos políticos, y todos sus integrantes, con una ética intachable de la que sentirnos orgullosos, con tolerancia cero para aquellos que no defiendan el interés general. 

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Los derechos perdidos de los trabajadores (II)

Guayadeque Digital / www.guayadequedigital.es
OPINIÓN
Carlos Gustavo Rivero Quintana (*)
La liberalización o flexibilización del trabajo (y su contratación) para aumentar la competitividad, uno de los fines de la última reforma laboral según el Gobierno que sustentaba el PP, no ha conseguido sus objetivos en buena parte de la población ni de los agentes sociales (la mayoría de los sindicatos y de la Patronal). Aunque en el caso de los agentes sociales, las medidas a llevar a cabo con la reforma laboral son totalmente opuestas.

En ocasiones trascienden noticias en los medios de comunicación, por decisiones de los tribunales de justicia y políticas, que dejan un hilo de esperanza a buena parte de los trabajadores que en nuestro país han perdido o han visto modificadas sus condiciones laborales (y menguados sus salarios). Me refiero a una noticia publicada en un medio de comunicación (eldiario.es) bajo el titulo: "La justicia avala las cláusulas sociales que el Ayuntamiento de Madrid exige en los contratos públicos".

En el antes mencionado artículo se relata cómo las cláusulas sociales que el Ayuntamiento de Madrid exige a las empresas que quieran optar a contratos públicos no vulneran la ley ni obligan a las empresas a cambiar sus condiciones de trabajo. Así lo ha establecido el Tribunal Administrativo de Contratación Pública la Comunidad de Madrid, que avala de esta manera que el Consistorio premie en las licitaciones a aquellas empresas con mejores condiciones de trabajo para sus empleados (la administración premia a quien, por ejemplo, pague mayores salarios, dé una formación continua a sus trabajadores o les facilite la conciliación con la vida personal. Queda a merced de la empresa ahondar en estos puntos o no).

Esta noticia revela que en el caso de una administración pública, el Ayuntamiento de Madrid, gobernada por Ahora Madrid (partido instrumental compuesto por diversas formaciones, y apoyado por Podemos), que deja al descubierto que se prima a las empresas que mejores condiciones laborales tengan con sus trabajadores, sobre el factor estrictamente económico. De igual modo sienta precedente jurídico. 

La cuestión ahora es, ¿se extenderá al resto de administraciones públicas? En Canarias parece complicado, y más cuando saltan a la palestra noticias que dejan al descubierto acusaciones muy serias sobre la transparencia y sobre la teoría de las contrataciones a dedo por parte de la Comunidad Autónoma Canaria, y que se recogen en los medios de comunicación. En este caso, la portavoz de Ciudadanos en Canarias, Melisa Rodríguez, instaba en el mes de febrero de este año, al Gobierno de Canarias a "acabar con el oscurantismo y a tomar las medidas necesarias para poner fin a los contratos "a dedo"".

En dichas declaraciones, se afirmaba que el Ejecutivo canario ha efectuado en dos años casi 300 contratos por valor de más de 65 millones de euros (casi 11.000 millones de las antiguas pesetas), utilizando este tipo de procedimiento. Afirmaba la misma portavoz que ese procedimiento estaba reservado a casos excepcionales por urgencia o por interés público.Instaba al Gobierno que publique todos los contratos emitidos para que así "los ciudadanos puedan saber que se está haciendo con su dinero", y que "Era hora de hacer otro tipo de política, que deje atrás los amiguismos, y que dé transparencia a cualquier acción que se haga desde la institución pública".

Dudo mucho que el actual gobierno de Canarias haga caso (el mismo que el de la anterior legislatura: CC-PSOE), a las demandas de C´s y a las medidas tomadas en las contrataciones del Ayuntamiento de Madrid. Ojalá me equivoque y realmente se produzca un CAMBIO en las formas de hacer política en nuestra Comunidad Autónoma, porque supondría una mejora en la percepción que la ciudadanía tiene de sus instituciones y reduciría la opacidad con la que en demasiadas ocasiones se actúa en las administraciones canarias, que no debería ser otro que la defensa del interés general de la ciudadanía.

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8 de Marzo, la plena Igualdad ¿cuándo?

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OPINIÓN
Carlos Gustavo Rivero Quintana (*)
Han pasado 159 años, desde aquel 8 de marzo de 1857,  donde un grupo de obreras textiles tomó la decisión de salir a las calles de Nueva York (EE.UU.) a protestar por las calamitosas condiciones laborales en la que se encontraban. 

Primera reivindicación histórica, de una sucesión de reivindicaciones, que a lo largo de los años y hasta nuestra época no han cesado para alcanzar la igualdad y la participación al mismo nivel que el hombre, en la sociedad, y en su desarrollo íntegro como persona.

Originariamente se encuentran en el movimiento internacional de mujeres socialistas de finales del siglo XIX, cuya finalidad era la de promover la lucha por el derecho al voto femenino. Así, en mayo de 1908, en la ciudad estadounidense de Chicago, un grupo de mujeres socialistas norteamericanas celebró en un teatro de dicha ciudad, un acto denominado Women’s Day (Día de la Mujer), cuya finalidad era la reivindicación de este derecho.

En 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras celebrada en Copenhague (Dinamarca), entre los días 26 y 27 de agosto, más de 100 mujeres aprobaron declarar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Celebrándose por primera vez el 19 de marzo de 1911, en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los que asistieron más de un millón de personas. En 1914, se celebra el 8 de marzo por primera vez de manos de las feministas alemanas, tanto en Alemania como en Suecia y en Rusia.

Sin embargo, habría que esperar hasta 1975 para que la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) declarara el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Y no sería hasta 1977 que se proclamase esta misma fecha como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.

Es especialmente relevante destacar un hecho que supone un punto de inflexión en este asunto que abordamos, el incendio del 25 de marzo de 1911 de la fábrica de camisas "Triangle Shirtwaist", que fue el mayor desastre industrial de la historia de Nueva York. Este suceso fue especialmente trágico, ya que los dueños, con objeto de evitar robos y desórdenes cerraron las entradas de dicha fabrica, causando directamente la muerte de 146 mujeres, algunas quemadas y otras muertas al arrojarse al vacío ante el temor de las llamas, casi todas entre los 14 y los 23 años (en su mayoría eran inmigrantes judías e italianas), las cuales tenían como reivindicación el conseguir mejoras laborales. 

Hoy en día miles de mujeres en todo el mundo democrático, salen a la calle para demandar los principios de igualdad entre sexos y oportunidades, así como promover y exigir que las leyes defiendan dichos principios. 

Es mucho el camino recorrido para alcanzar los derechos consolidados en países que por principios democráticos y/o cultura y/o tradición, recogen principios de igualdad, pero no son pocos aquellos que relevan a las mujeres a un papel de subordinación al hombre, y que la subyugan en su desarrollo    íntegro como persona, impidiéndoles derechos básicos como acceder a la educación, el trabajo, la política o la cultura, etcétera. 

En países como el nuestro, principalmente en el ámbito privado, aún existen dificultades de acceso y permanencia de las mujeres en determinados ámbitos de trabajo, y que constituyen una piedra más en el camino de la plena igualdad entre sexos en esta área, y otras (económicas y políticas). 

Decía Rosa Luxemburgo (1871-1919) (Filósofa, política, y teórica marxista polaca, llamada "La Rosa Roja"): “Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres”. A día de hoy es de justicia y de sentido común la celebración del día de la mujer. Pero no dejo de apostar, que llegue el día en que no sea necesario la jornada de reivindicación que representa el 8 de marzo, porque se haya alcanzado la plena igualdad, porque es simplemente de justicia.

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Los derechos perdidos de los trabajadores (II)

Guayadeque Digital / www.guayadequedigital.es
OPINIÓN
Carlos Gustavo Rivero Quintana (*)
Con casi un 80%  (77,9%) el paro sigue siendo con diferencia la principal preocupación de los españoles, según el último barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas).

Los últimos datos auguran un ligero incremento del empleo, sin que esto implique, necesariamente, la calidad en el mismo. Muchos son los datos que avalan la anterior información: en enero de este año el Consejo de Europa nos suspendía en seis puntos, y de manera especial en lo relacionado con los salarios de los menores de 18 años (que en ocasiones puede llegar a ser hasta un 60% menos que el salario mínimo de un adulto).

Además, el comité de derechos sociales afirmaba que nuestro país incumplía con la carta de derechos sociales en lo referente a la protección legal y económica que el Estado otorga a las familias, "ya que no habían recibido toda la información requerida"; la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en su informe  "Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2016" prevé que el paro bajará en España en 2016 (al 21,5%) y en 2017 (al 21,3%). 

"La creación de empleo sigue sin resolver uno de los grandes problemas en la economía española, a saber, la dualidad del mercado de trabajo español ya que la tasa de temporalidad interanual sube del 24,6 % en el tercer trimestre de 2014 al 26,2% en el mismo trimestre de 2015", y en palabras de Raymond Torres (del departamento de investigación de la OIT): "el desempleo de larga duración (en nuestro país es superior al 20%), con desempleados de más 12 meses que están sin empleo y muchos de ellos no tienen una prestación. Esto es preocupante".

Otros datos no son tan alentadores, a pesar del incremento de contrataciones: en los dos últimos años se ha creado poco menos de un tercio del empleo que se destruyó en los últimos siete en que descendió, de tal forma que tenemos más de dos millones menos de asalariados que hace ocho años; en 2015 se firmaron 17,9 millones de contratos temporales y a tiempo parcial frente a los 20,6 millones de 2007, de igual modo según los datos de contratación del Ministerio de Empleo, la duración media de los contratos temporales y a tiempo parcial es de 53,4 días en 2015 frente a los 79 días en 2006; según los datos de la última EPA (Encuesta de Población Activa), las horas extraordinarias no cobradas por los trabajadores alcanzaron el año pasado su máximo desde 2008, y es que cada semana de 2015 se trabajaron una media de 3,5 millones de horas fuera de la jornada laboral que no se retribuyeron (con menos horas trabajadas y menos ocupados que los últimos siete años); según el Sr. José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que señala que los dos grandes problemas del mercado laboral español son “la temporalidad y el paro de larga duración”.

 “Con esos números, el año pasado se firmó más de un contrato por cada ocupado. Si al menos el paro fuera estructural, vale, habría mucha rotación, pero no habría desempleo. Pero el paro está por encima del 20%”; "etcétera, etcétera, etcétera".

Antes de la crisis económica mundial, estar trabajando era sinónimo de estabilidad y bienestar, en la actualidad, y cada vez más, nos encontramos con los denominados trabajadores pobres. Paradoja, NO, realidad. Los datos así lo corroboran y la devaluación salarial es un hecho, de tal modo que según el sindicato UGT (en febrero de este año, y según el último dato publicado por la Agencia Tributaria y referido a 2014), entorno a unos 5,9 millones de personas (35% de los asalariados) cobran menos del SMI (Salario Mínimo Interprofesional (655,20 euros al mes)), y afirman que en la última legislatura dicho SMI solo ha aumentado en 7,2 euros. Datos muy distintos a los recogidos en la Encuesta de Estructura Salarial del INE (Instituto Nacional de Estadística) que los rebaja a un 12,25 %.

Estos datos dejan al descubierto que la actual "reforma laboral", ha aumentado la precariedad y la temporalidad absoluta, y deja al descubierto importantes carencias estructurales en nuestro país. Con una economía que pivotaba, principalmente entre el turismo y la construcción, desatendiendo otros sectores productivos (sobretodo el primario), y la apuesta por diversificar nuestro modelo productivo y la inversión en I+D (Investigación y Desarrollo).

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Corrupción: Vinculación político-empresariales (II)

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OPINIÓN
Carlos Gustavo Rivero Quintana (*)

En 1603 Francisco Gómez de Quevedo Villegas y Santibáñez Cevallos (1580-1645), más conocido como Francisco de Quevedo, escribió uno de sus poemas más conocidos: "Poderoso Caballero es Don Dinero". Más de cuatro siglos después este título refleja una realidad que llega a nuestros días, y que recorre a lo largo y ancho de nuestro país una lacra, enraizada en demasiadas administraciones públicas, en forma de corrupción, en connivencia con algunos miembros del mundo político y empresarial.

En contratación pública, parece que algunas administraciones (más allá del perfil del contratante) es, cuando menos, complejo conseguir en ocasiones en qué condiciones se lleva una empresa una obra y/o un servicio para una administración pública (contrato y pliego de condiciones), para que la ciudadanía pueda fiscalizar en qué condiciones se emplea el dinero de sus impuestos, y se evite susceptibilidades. 

Hay ejemplos que reflejan el coste que la deficiente gestión, asociados a veces a casos de corrupción, deja tras de sí: la ONG Transparencia Internacional (TI) estimaba (en un manual publicado en febrero de 2006, con recomendaciones para frenar la corrupción en la contratación pública) que el perjuicio apreciado de la corrupción en la contratación pública oscilaba entre el 10 y el 25%, y en algunos casos alcanzaba entre el 40 y el 50% del valor del contrato; en febrero de 2015, la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) en su "Informe sobre el Análisis de la Contratación Pública en España", consideraba que nos podíamos ahorrar al año 47.500 millones (un 25 %) de los 194.000 que mueve la contratación pública en nuestro país (estos 47.500 millones suponen un 4,6 % del PIB anual), debido a una “desviación al alza” en dicha contratación pública; el libro "El Diccionario de la corrupción", de la editorial Nostrum, relata que desde 1978 el país ha sufrido 175 casos de corrupción política a todos los niveles: ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos y estatales. Se cifra que el agujero en las arcas españolas por casos de corrupción es de más de 7.500 millones de euros; "etcétera, etcétera, etcétera ...".

Numerosas sentencias judiciales establecen la relación entre corruptores y corruptos, y la vinculación  existente entre algunos políticos y parte del mundo empresarial. Los medios de comunicación nombran más a los responsables políticos que a los empresarios, y en algunos casos, miembros de la administraciones públicas que se sientan con ellos, en demasiados casos, en juicios y sus condenas. 

Pero la ardua y larga tarea de la justicia, con insuficientes medios técnicos y humanos, de llevar a aquellos que infligen las leyes en materia de corrupción, se ve en ocasiones dilapidada cuando existen casos de indultos (ley de 18 de junio de 1870), cuando menos, de difícil comprensión de cara a la ciudadanía habiéndose condenado a políticos, empresarios o miembros de la administración, o terceros que se aprovechan de esa figura legal para atenuar o librarse de penas de prisión. Flaco favor a la credibilidad de las instituciones, en este caso, políticas y fomentando la desafección de la ciudadanía de las instituciones que les representan.
   
Tenemos un estado de derecho garantista, lo que no es en sí negativo, pero no deja de ser obvio e hiriente observar como empresarios se llevan contratos con las administraciones públicas (o empresas públicas u otras entidades de diferente naturaleza jurídica, que reciben dinero público para sus contrataciones) cuyos pliegos de condiciones pueden parecer realizados a medida de determinadas empresas, sin que ello constituya delito, pero que hacen que determinados empresarios pasen de luchar en el mercado a obtener suculentos contratos con la administración pública que hacen a los mismos tengan a corto y medio plazo, importantes fortunas. ¿Quién fiscaliza y audita posibles irregularidades?, auditorías internas en las administraciones, cuyos cargos están sujetos a la voluntad política en demasiados casos. 

Vaya por delante, que considero que el grueso de las actividades políticas y empresariales se guían desde la legalidad, pero no es menos cierto que existe una connivencia político-empresarial, entre corruptos y corruptores, ya que la principal motivación es el ánimo de lucro, está demostrada por los tribunales de justicia  en sus sentencias.

Si bien la corrupción se puede dar en cualquier país democrático, lo que no es de recibo es que los legisladores en nuestro país no legislen para evitar, en la medida de lo posible, que esta sea esporádica y no "generalizada".

Muchas son las medidas que se pueden tomar en la lucha contra la corrupción, y solo destaco algunas: auditorías externas ante el más mínimo indicio de delito en la contratación de obras y/o servicios a las administraciones públicas u otras donde se maneje dinero público; aumento de medios y de los inspectores de la Agencia Tributaria; endurecimiento de penas y multas a aquellos relacionados con delitos de corrupción; formular una mayor independencia de la justicia del poder político, dotándola de más medios técnicos y humanos y de carácter totalmente independiente;  independencia absoluta de la fiscalía anticorrupción y de los investigadores policiales, dotándola de más medios técnicos y humanos, en delitos de corrupción y adscritos a un poder judicial independiente; nueva formulación de la figura de los indultos (de manera especial en los casos de corrupción con dinero público) los cuales deben estar debidamente motivados por el poder ejecutivo; fin de todos los aforamientos; una ley de transparencia más ambiciosa, así como leyes complementarias que impliquen la publicación de las cuentas generales y liquidaciones de la administración pública y/o entes de diferente naturaleza jurídica (empresas públicas, fundaciones, etc.) que se nutren total o parcialmente de fondos públicos, garantizando la consulta accesible a cualquier ciudadano, al menos, mediante un enlace habilitado en la página web de la institución y de los entes que reciban dichos fondos, y que no vaya más allá de un año de haber finalizado el ejercicio del presupuesto; "etcétera, etcétera, etcétera ...".

Solo falta que en la legislatura entrante, los políticos (y las nuevas políticas) tomen medidas contundentes para minimizar esta lacra y que se siga aquella máxima de que la justicia es: "ciega e igual para todos". El tiempo nos dirá si esa percepción de la impunidad es algo del pasado.

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Corrupción, Político Empresariales (I)

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Carlos G. Rivero Quintana (*)
Es bochornosa para la ciudadanía, o al menos aquellos que consideramos inadmisible la corrupción (en cualquiera de sus modalidades) sea pública o en el ámbito privado (fuera de lo público), que en nuestro país la corrupción, y su percepción, sea una de nuestras principales preocupaciones.

Los datos no dejan margen de duda: es la segunda preocupación de la ciudadanía  española en el mes de enero de este año, según el barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) con un incremento de cuatro décimas (del 38,8% al 39,2%); también publicó la ONG Transparencia Internacional (TI), el mismo mes, que habíamos registrado el peor dato de percepción de corrupción de nuestra historia, con una puntuación de 58 sobre 100 puntos (el año anterior fue de 60 puntos), subiendo una posición hasta la posición 36, de un total de 168 países analizados.

Los casos de corrupción dañan la Marca España, y la embarran ante potenciales inversores extranjeros, desacostumbrados a semejantes y lamentables espectáculos en sus países. La sensación de impunidad percibida en nuestro país, se refleja también en medios extranjeros.

Numerosas son las declaraciones en el ámbito de la justicia, para perseguir a aquellos que infringen la-s ley-es. Así, por ejemplo, en declaraciones realizadas por el portavoz de Jueces para la Democracia, el Sr. Joaquim Bosch, en noviembre de 2014, afirmaba que "en nuestro país los corruptos cuentan con más medios para eludir la acción de la Justicia de los que tiene nuestro sistema judicial para perseguirles", y reclamaba más peritos especializados, más policía experimentada en la materia y más recursos para la Fiscalía Anticorrupción. De igual modo, reclamaba que debían adoptarse medidas para acabar con la enorme discrecionalidad de las administraciones en materia de contratos y adjudicaciones públicas, que es el caldo de cultivo habitual donde se genera la corrupción. Critico las medidas de lucha contra la corrupción, las medidas anunciadas por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, afirmando que no tenían apenas relevancia, ni iban a suponer cambios efectivos en la lucha contra la corrupción.

En las conclusiones del "XXIV Jornadas Nacionales de Jueces Decanos", en Diciembre de 2014, reclamaban más medios, dedicación exclusiva a casos de corrupción y revisar o suprimir aforamientos. Respecto a la Fiscalía, en caso de que se le atribuya la instrucción, abogan por reforzar su independencia del poder ejecutivo y la inamovilidad de los fiscales, especialmente en asuntos de corrupción o que afecten a autoridades políticas, y piden más medios para Anticorrupción y mantener la acusación popular "como contrapeso del Ministerio Fiscal, en especial si se pretende que en un futuro asuma la investigación, pero con límites para evitar abusos". También incluían la petición de aumentar la ratio actual de 11 jueces por cada 100.000 habitantes hasta la media europea de 21, destinar a justicia "al menos el 3 por ciento" de los Presupuestos Generales del Estado, autonomía presupuestaria o un porcentaje "mínimo y garantizado" para justicia. Estas son algunas de las conclusiones en dichas Jornadas.

También, en recientes declaraciones, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) reclaman más medios técnicos y de personal para la Unidad Central Operativa (UCO) que, considera, está desbordada ante el volumen de trabajo que tiene con las distintas tramas de corrupción que siguen destapándose en España".

Este mismo mes el fiscal jefe de la Comunitat Valenciana, Antonio Montabes, afirmaba que la Justicia pueda parecer lenta, ésta funciona y que si no lo hace con una mayor agilidad es por la falta de medios humanos y materiales a la que tiene que hacer frente a diario. También afirmaba que respecto a la memoria de 2014, presentada en febrero de 2016, la acusación pública ha detectado un aumento de los delitos contra la Administración Pública, entre ellos los de prevaricación administrativa.

El gobierno de la nación, cuando menos, parece omitir y le parece suficiente las medidas adoptadas en el pasado, en la lucha contra la corrupción. Las declaraciones que recojo anteriormente, dejan a la luz las notables carencias de lo legislado, y hacen que la ley pueda ser mejorada para conseguir una lucha eficiente contra la corrupción en nuestro país.

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Tiempos de Cambio, Tiempos de Diálogo

Guayadeque Digital / www.guayadequedigital.es 

OPINIÓN

Carlos G. Rivero Quintana (*)

El 20 de diciembre de 2015, marcó el comienzo de una nueva etapa en la política de nuestro país. Con unos resultados electorales que imponen la obligación al bipartidismo imperante (PP y PSOE) a tener que negociar con otras formaciones políticas, destacando las llamadas emergentes (C´s y Podemos), para poder conformar gobierno.

Mensaje claro y señal inequívoca del mandato y de la necesidad, al menos de una parte de la ciudadanía, de poner fin a unas formas de entender la política alejada de la realidad de la misma, y con la que unos y otros (pertenecientes a casi todas las formaciones políticas) se han venido dotando de privilegios y de unas prebendas que resultan impropias en la mayoría de democracias europeas (aforamientos, gastos superfluos, etc.), y que han llevado a la desafección de la ciudadanía por la actividad política y todo lo que la rodea (originando el descrédito de numerosas instituciones públicas por los manejos de estos).

La política en nuestro país se ha calibrado, al menos hasta hora, por el rédito electoral y la búsqueda del poder, para llevar acabo aquellas políticas de izquierdas o de derechas (al alternarse en el poder el PSOE o el PP, en algunas legislaturas con apoyos de los nacionalistas), y con un nivel de cumplimiento en no pocos casos decepcionantes respecto a las expectativas generadas, y de forma literal al alcanzar mayorías absolutas (aplicando el "rodillo") momento en el que han generado escaso consenso.

Las reformas en profundidad son necesarias (incluido nuestro marco de convivencia: la Constitución), pero empleando el mayor de los consensos posibles sin complacencias ni complejos antes las minorías de aquellos que buscan el enfrentamiento para conseguir sus fines partidistas y/o identitarios. Reformas todas ellas que deberían estar encaminadas a aprender de errores del pasado, regenerándose y moldeándose a las necesidades de una sociedad actual y economía cambiantes (sin que la segunda prime sobre la primera),  trabajando para dejar un país a las generaciones venideras en las mejores condiciones, en un mundo cada vez más globalizado.

La única máxima que debería guíar en la acción política es la de generar convergencias o consensos en aras de la defensa del interés general, dando soluciones a los problemas de la ciudadanía. Contentar a todos y alcanzar los consensos de 1978 se hace complejo en estos tiempos que nos ha tocado vivir.

Es tiempo de dialogo, de consenso, de potenciar aquello que nos une, de generar sinergias para dar soluciones a los grandes temas que preocupan a la ciudadanía (empleo, corrupción, situación económica, etc.), para recuperar los niveles de estado de bienestar anteriores a la crisis económica mundial. Esto conlleva ahondar en dar soluciones a dichos problemas y no obcecarse en marcar las conocidas como líneas rojas y la de enclaustrarse en intereses distintos del general. 

Se abre el tiempo de nuevos políticos, de nuevas políticas. De no conformarnos con ser herederos de los políticos de antaño que han dejado tras de sí un país cuyos avances no se han terminado de consolidar tanto en lo social como en lo económico, y cuyo retroceso ha sido evidente en estos años de crisis económica mundial donde no hemos resistido de igual modo que otros países con modelos socio-económicos más sólidos y diversificados.

Es, en definitiva, la legislatura del dialogo y del CAMBIO, para llegar a acuerdos y hablar de política con mayúsculas. Es esta la opción que requiere la ciudadanía, y es de esperar que no se vuelva a las andadas, insistiendo en hablar de sillones sin llegar a hablar primero de contenidos que den soluciones a los problemas de la ciudadanía. 

El futuro es incierto porque hay quienes vislumbran prioridades distintas a la de los necesarios contenidos para las propuestas, y no sería de extrañar que nos encontráramos ante la legislatura más corta de nuestra democracia, debido al tácticismo y la mente calculadora de unos u otros, o bien (lo deseable) que las reformas fueran de tal calibre que se encaminara hacia un nuevo proceso constituyente para refundar el estado, un estado sostenible y solido (por tanto, disolución de las Cámaras Legislativas, para reformar la Constitución). 

El tiempo pondrá a cada uno en su sitio y la ciudadanía tendrá que separar el grano de la paja a la hora de otorgar su confianza, en forma de voto, para unos u otros en futuras elecciones.

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Sin duda sobre.... los partidos tradicionales

Guayadeque Digital / www.guayadequedigital.es
OPINIÓN
Carlos G. Rivero Quintana (*)

En plena recta final para la elección de nuestros representantes estatales, hay que analizar desde la objetividad la situación en la que se encuentra nuestro país y mirar sin acritud el pasado con el ánimo de hacer memoria y poder ser consecuente con el sentido de nuestro voto, evaluando los pros y contras de las diferentes formaciones para tomar la decisión que más nos interese para defender que modelo de país queremos.

No sería justo reconocer la valía de decisiones del pasado, que nos han llevado a un modelo de estado del bienestar que no teníamos durante la dictadura, pero hay que recordar también lo que los partidos tradicionales han llevado a cabo durante las pasadas décadas. 

Los partidos tradicionales, y de manera específica aquellos que se han alternado en el gobierno de la nación (PP y PSOE), bien en solitario (momento en el cual han impuesto normas o leyes, aplicando lo que se ha denominado "el rodillo") o con apoyos de partidos nacionalistas, han generado un modelo de país altamente descentralizado que ha generado 17 modelos (tantos como Comunidades Autónomas) de casi todo, a la par no han tenido ningún decoro en generar duplicidades y hasta triplicidades en las administraciones para contentar a todos los partidos (el conocido "café para todos"). 

Un Senado que más que una cámara de representación territorial, es una institución que se usa como "segundo congreso" y que está plagada en demasiados casos de políticos con una dilatada carrera política en otras administraciones públicas y que la terminan aquí.

Pero si esto es relevante, también lo es las prebendas y privilegios impropios de lo que se han dotado: aforamientos (unos 10.000); coches oficiales (decenas de miles, de los cuales 921 eran del gobierno central, en 2011, frente a los 412 de Estados Unidos (en 2012)); presencia en los Consejos de Administración de las Cajas de Ahorros y de los bancos participados por éstas ( según el Tribunal de Cuentas, en 2014, el RESCATE bancario ha costado algo más de 100.000 millones, de los que 61.366 millones eran ayudas públicas comprometidas según el Banco de España (excluyendo avales, préstamos y el banco malo), hasta 2013); la creación y sostenimiento de miles de entes no administrativos de distinta naturaleza jurídica (fundaciones (algunas están duplicadas o que prestan servicios superfluos), empresas públicas, observatorios, ...) que en algunos casos se encuentran amigos y familiares, y de las cuales hay un altísimo porcentaje que son innecesarias; la utilización de la figura del Indulto (utilizada en otros países) al criterio "objetivo" del gobierno de turno (La ley que lo regula, del 18 de junio de 1870, no les obliga a dar explicaciones ni argumentar las razones que han conducido a cada perdón); etc.

Es sangrante el nivel de corrupción y la sensación de impunidad de determinados políticos (y sus amigos), en particular cuando unos y otros se conceden, en ocasiones, indultos a delitos contra la administraciones públicas (de manera total o parcial) de difícil comprensión, y que percibe la ciudadanía y cuyo hedor es cada vez menos tolerado por la misma. Y es que a diferencia de nuestros socios europeos, principalmente los situados al Norte de Europa, donde la corrupción es castigada electoralmente, en nuestro país esta lacra se está comenzando a castigar recientemente. 

En esta materia nos queda mucho por andar. Considero que para erradicar esto hay que tener una ley de transparencia más ambiciosa (donde se especifique a dónde va el dinero de los ciudadanos, con la limitaciones de la ley de protección de datos) y una justicia despolitizada, más ágil y con mayores recursos (materiales y humanos).

Las deficientes medidas en la lucha contra el fraude fiscal, (que según las declaraciones realizadas en 2013, por el presidente de Gestha (colectivo de Técnicos de Hacienda), Carlos Cruzado, que afirmaba que el 71%, de los 90.000 millones, "era atribuible" a patrimonios altos y grandes empresas), de los anteriores gobiernos (PSOE-PP). En 2014, las cifras son de 59.500 millones de euros (2.000 millones de euros más que el gasto total de todas las administraciones en sanidad), según el mismo colectivo. 

Estos profesionales dan formulas para atajar este asunto, pero parece que los gobiernos (actual y anteriores) escuchan lo que consideran "oportuno". La AMNISTÍA FISCAL (que también llevará a cabo el PSOE cuando gobernó) ó "regularización tributaria extraordinaria "en condiciones diferentes de una regularización ordinaria"", (como la denomino el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Sr. Montoro), de 2012, terminó recaudando unos 1.200 millones de euros.

Pero los problemas de nuestro país son mucho más amplios: la paulatina desaparición de parte de las clases medias (sostén de nuestro estado del bienestar, por establecer un sistema de recaudación que se sustenta, en su mayoría, en las rentas del trabajo) con medidas como la reforma laboral; la emigración de los jóvenes (fuga de cerebros) por falta de salidas en el mercado laboral (y su precariedad); la falta de inversión estatal en I+D+i (o medidas para incentivarla); el escaso interés por apostar por un cambio de nuestro modelo productivo (que tradicionalmente ha pivotado, sobre el turismo y la construcción), etc.

Especial hincapié hay que realizar en las medidas que unos y otros han planteado para atajar el tema del desempleo, y su verosimilitud, como piedra angular para empezar a salir de la crisis económica-social que atravesamos y alcanzar niveles semejantes (al menos) de desempleo, a la misma altura de la media de la zona euro (entre un 10 y un 11%, según Eurostat). Alcanzar el pleno empleo en nuestro país ha sido y es una utopía, que cualquier gobernante quería conseguir.

Faltaría a la verdad si no excluyera de los que denomino "partidos tradicionales" a formaciones como UPyD (en el Congreso de los Diputados), u otras sin representación en las Cortes (como Podemos o C's, etc), que plantean alternativas a los partidos que llevan muchos años o décadas en las instituciones, y de las cuales muchas han institucionalizado comportamientos poco éticos (tolerancia a la corrupción; privilegios; etc). No daré ejemplos, porque la hemeroteca está llena de los mismos, y la ciudadanía no somos niños (al contrario de lo que algunos partidos nos tratan).

En este análisis superficial de la situación de nuestro país, y de algunas de las consideraciones a tomar en cuenta a la hora de depositar nuestra confianza (en forma de voto) el próximo día 20, hay que afirmar que las formaciones políticas tradicionales han estado de acuerdo hasta hace bien poco, con motivo de la aparición de las formaciones políticas emergentes, en no modificar ni reconocer que nuestra constitución está obsoleta (así como el modelo de estado), y en las prebendas y privilegios que se han dotado (de las cuales recojo algunas, anteriormente citadas).

A la hora de depositar mí voto lo haré en conciencia, por aquel que plantee soluciones serias a las problemáticas actuales, y que permita dejar a las generaciones venideras un futuro mejor del que actualmente tenemos.

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