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martes, 12 de diciembre de 2023

El exgerente de Aguas Roque Nublo y su socio aceptan "dos años" de prisión por estafa

 

La Fiscalía rebaja la cuantía de la responsabilidad civil de 1,7 millones a 325.000 euros

Los acusados articularon la venta de la unidad productiva a una empresa pantalla

El exgerente de Aguas Roque Nublo, Alejandro P. A., y su socio, Juan Ignacio R. A., han reconocido en el juicio celebrado este martes ante la Audiencia de Las Palmas un delito de estafa procesal en la articulación de la compraventa de la unidad productiva de la empresa cuando estaba inmersa en un procedimiento concursal. Las partes han alcanzado una conformidad por la que la fiscal de Asuntos Económicos, Evangelina Ríos, reduce la petición de pena a dos años de prisión, una multa de nueve meses con una cuota diaria de seis euros y el pago de 325.000 euros a la masa activa del concurso.

La Fiscalía y las acusaciones particulares solicitaban inicialmente una pena de seis años de cárcel y una responsabilidad civil que ascendía a 1.698.348 euros. Según el escrito de acusación, esta es la cuantía de la que se apoderaron los acusados mediante las operaciones investigadas.


La fiscal sostiene en su escrito que Alejandro P. A. y Juan Ignacio R. A. planificaron la venta de la unidad productiva de Aguas Roque Nublo a H2O Canarias, "constituida con el fin de servir de escudo a la operación gestada", para evitar la derivación de la responsabilidad por las deudas de la concursada.

Aguas Roque Nublo solicitó la declaración de concurso el 18 de abril de 2013, con Alejandro P. A. como gerente, y un año después, el 9 de mayo de 2014, se constituyó H2O Canarias. La administradora única era socia del gerente y el domicilio de la empresa era el despacho de Juan Ignacio R. A., quien más adelante ocupó dicho cargo.


El siete de octubre de 2014, H2O Canarias dirigió una oferta al administrador concursal de Aguas Roque Nublo para comprar todos los activos de la entidad, incluyendo los derechos de propiedad intelectual, autorizaciones de explotación de los pozos de agua, registros sanitarios y licencias. "La oferta recogía asimismo la intención de H2O de continuar con la actividad de la empresa y por ello se subrogaría la totalidad de los contratos de trabajo y se comprometía a mantener los contratos con los autónomos que prestaban servicios a la compañía", recoge el escrito de acusación.


Posible fraude

El precio de la oferta era de 1.170.000 euros, que se pagaría abogando el importe de los créditos contra la masa hasta el importe ofertado y sin asumir los pasivos de Aguas Roque Nublo. La deuda total de la entidad ascendía en aquel momento a más de cuatro millones de euros y tanto la Seguridad Social como la acreedora Guayahun se opusieron a la compra por un posible fraude debido a las relaciones que vinculaban a Alejandro P. A. con la administradora única de la entidad.


Sin embargo, el Juzgado de lo Mercantil desestimó este motivo y la compraventa se llevó a cabo el 31 de marzo de 2015. Las partes acordaron en escritura pública la transmisión de todos los activos que conformaban la actividad de Aguas Roque Nublo por 1.355.144 euros. "El desembolso económico que la adquisición de la unidad productiva supuso para H2O Canarias suma la cantidad de 102.650 euros", contiene el escrito de la fiscal, una cuantía que difiere de la comprometida en la oferta.


Dos años después, el cinco de junio de 2017, H2O vendió a Aguas de Teror la unidad productiva y alcanzó ingresos por importe de 1.698.348 euros, "sin que se haya hecho pago de deuda alguna de las muchas que pesaban sobre la concursada", detalla el escrito de acusación.

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La Fiscalía pide ocho años de cárcel para los dueños del restaurante BB de La Ballena


Presuntamente utilizaron distintas formas empresariales, los mismos medios materiales y contrataron a los mismos trabajadores en tres empresas diferentes para no pagar a la Seguridad Social.

El matrimonio formado por J.J.S.S. y J.R.G.C. será juzgado este martes, por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas. La pareja está acusada de ser la presunta autora de un delito continuado contra la Seguridad Social y otro de frustración en la ejecución. La Fiscalía pide para ellos una pena de ocho años de cárcel y una multa de 958,578,7 euros. También pide que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Tesorería General de la Seguridad Social en la cuantía de 378.334,49 euros.

Según el escrito de la acusación, la pareja que gestionaba el restaurante familiar denominado BB en el centro comercial La Ballena (Las Palmas de Gran Canaria) y guiados por el ánimo de defraudar a la Seguridad Social, llevaron a cabo dicha explotación a través de tres empresas de forma sucesiva para el desarrollo de la misma actividad y bajo la misma denominación del negocio.

Mismos medios

Además, lo hicieron utilizando distintas formas empresariales y usando en las tres los mismos medios materiales e incluso en algunos casos, contratando a los mismos trabajadores.

Así, tras cesar la actividad en el local 26 del mencionado Centro Comercial pasaron a desarrollarla en el local 27 y después en el T18. La Fiscalía acusa a la pareja de empresarios de utilizar tales maniobras evitar el cobro de las cantidades debidas a la Seguridad Social, ya que desde el inicio del procedimiento de Recaudación Ejecutiva el 30 de noviembre de 2016, hasta su finalización el 14 de diciembre de 2018, resultaron infructuosos los trámites llevados a cabo en el expediente administrativo de apremio instruido por la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social, para el embargo de cuentas corrientes y de ahorro, bienes o pagos realizados en los terminales de puntos de venta. 

Autónomos

“Con dicha conducta J.R.G.C. defraudó a la Tesorería General de la Seguridad Social la cantidad de 113.921,17 euros, de los que 20.608,93 euros corresponden a deuda del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos entre los años 2013 y 2020 y 93.312,24 euros a deuda propia de Régimen General generada entre los años 2013 y 2016”, reza el escrito de acusación.

“Por su parte, los encausados, a través de BR S.L. defraudaron a la Tesorería General de la Seguridad Social la cantidad de 228.503,95 euros, correspondiente a deuda propia de la mercantil, la cantidad de 135.191,71 euros, generada entre los años 2016 y 2018, y la de 93.312,24 euros correspondientes a la deuda derivada por sucesión de la deuda generada de ésta manera respecto al Código de Cuenta de Cotización de J.R.G.C.”, concluye el Ministerio Fiscal.
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